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La prensa de España durante el régimen de Franco (V)

La ley de Prensa fue la medida liberalizadora política más trascendente durante la década de los sesenta, supuso para la sociedad española de cara a un progresivo conocimiento de los asuntos públicos por parte de la población y de vehiculación de opiniones políticas divergentes que iban a constituir en el futuro un nada desdeñable ingrediente en el tránsito hacia un sistema político pluralista (Terrón, 1981, p. 165). 

Así define Javier Terrón Montero esta ley de 1966 que también fue una manera de demostrar a la Comunidad Económica Europea que España era un país “democrático” digno de entrar a esta asociación. En este sentido Ignacio Fernández de Castro (1968) señala que la “tensión entre el deseo de ser europeo en materia de información y la realidad que obliga al régimen franquista a seguir manteniendo la represión es característica de este período de libertad vigilada” (p. 327).
En su artículo 1º la nueva Ley de Prensa reconocía la libertad de expresión por medio de impresos, pero inmediatamente encuentra sus límites en el artículo 2º: 

El respeto a la verdad y la moral; el acatamiento a la ley de principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar. 

En el artículo 3º se establece en cambio “la prohibición de la censura previa y de la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes” (Terrón, 1981, p. 192). La función de la Administración se regula en el artículo 5º para “garantizar el ejercicio de las libertades y derechos regulados en la Ley” (Terrón, 1981, p. 192) y perseguir el “establecimiento de monopolios u otros medios tendentes a deformar la opinión pública” (Terrón, 1981, p. 192). 
En el artículo 63 regulan los “tres tipo de responsabilidades: la penal, la civil y la administrativa” (Terrón, 1981, p. 193) según la infracción que cometa el medio, incluso en el artículo 65 extienden la condena a todos los eslabones de la empresa periodística, editora, impresora, importadora o distribuidora. Mientras en “los artículos 67 y 68 dividen las infracciones en muy graves, graves y leves, a las que corresponden sanciones clasificadas de la misma manera” (Terrón, 1981, p. 193). 
Cerrado en 1971, pueden acceder a algunos
números del diario Madrid en PDF y a la fototeca

La libertad de empresa también quedaba regulada en esta ley, así el artículo 16 era para las empresas periodísticas, el 44 para las agencias informativas y el 50 para las editoriales. No obstante, el dominio de la agencia EFE, vinculada al Ministerio de Información, de todas las informaciones extranjeras en el ámbito nacional, imponía en el artículo 44 muchas limitaciones a las nuevas agencias. 

La libre designación del director se regula en el artículo 40, mientras que en el artículo 34 hace del director el eje de la orientación y determinación del contenido del periódico y en el artículo 37 se le otorga el derecho de veto sobre los contenidos de todos los originales. Eso sí, en el artículo 39 se concentra en el director la responsabilidad de cuantas infracciones cometa el medio, “independientemente de las que puedan recaer en otras personas” (Terrón, 1981, p. 197). 
Las libertades otorgadas por la nueva ley, no sólo tuvieron sus límites en el artículo 2º de la misma sino en la necesaria inscripción de los profesionales de la información en el Registro del Ministerio para la obtención del correspondiente carnet de periodista, y la creación del Jurado de Ética Profesional que podía aplicar sanciones desde “la amonestación privada hasta la inhabilitación definitiva para el ejercicio de la profesión”. En este mismo sentido, un anexo bajo el título Principios Generales de la profesión periodística, recogía estas ideas sobre el periodismo: 

Servicio a la verdad, el respeto a la justicia y a la rectitud de intención. La función del periodista debe ser informar, formar y servir a la opinión nacional. Los periodistas deben evitar toda presentación o tratamiento de la noticia que pueda suponer apología o valoración sensacionalista de hechos o de formas de vida que sean delictivos o atenten a la moral y las buenas costumbres (Anexo al Decreto 744/1967 de 13 de abril). 

A partir de la aprobación de esta ley, un gran número de revistas y publicaciones “con la finalidad de aglutinar y dar voz a un tendencia ideológica concreta o servir de cauce de expresión a problemas específicos de cualquier colectivo social o grupos de interés”, vieron la luz en España, mayormente en Madrid y Barcelona. Durante un primer período la ley se llevó a rajatabla, pero con la salida de Manuel Fraga Iribarne del Ministerio y la irrupción de un nuevo gobierno, más tecnócrata, las sanciones se suavizaron. De hecho las sanciones aumentaban según el nivel de conflictividad social, que llegó a puntos extremos en 1967 en el País Vasco con la implantación del estado de excepción en dicho territorio y luego en 1969 a todo el territorio nacional. 
La prensa española dará voz a los conflictos en la universidad, las reivindicaciones obreras, los problemas regionales y la falta de cauces de representación política, las corrupciones políticas y económicas, e incluso temas relativos a la sexualidad, lo cual le costará en muchos casos cuantiosas sanciones económicas. El autor destaca que “ningún periódico de lo que podríamos denominar históricos: Ya, ABC, Arriba, Pueblo, La Vanguardia, resulta durante todo el período sancionado” (Terrón, 1981, p. 210). Sin embargo, son “las publicaciones dependientes de organizaciones católicas de base sobre las que recaen mayor número de sanciones” (Terrón, 1981, p. 211). En 1968 a las limitaciones previas se le unía la Ley de Secretos Oficiales por la que “se establecían las calificaciones de secreto y reservado a las materias cuyo conocimiento quedaba limitado a las personas debidamente facultadas para ello por la propia ley” (Terrón, 1981, p. 211). 
Si bien en 1967 y 1968 hay un descenso de las sanciones a las publicaciones, el cierre definitivo del diario Madrid en noviembre de 1971 aclara que los mecanismos de represión del régimen, ya por entonces abierto hasta donde el aperturismo económico lo permitía, seguían presentes. “Los periódicos comenzaron a desarrollar una labor moderadamente crítica y las revistas se convirtieron en muchas ocasiones en portavoces de opciones políticas e ideológicas distintas y a veces contrarias a las oficiales” (Terrón, 1981, p. 217). El camino para el cambio comenzaba a verse más claramente en España.

Si quiere completar parte de la Historia de la prensa en España, les recomiendo el siguiente video de Tesauro:

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REFERENCIAS: 
-Fernández de Castro, Ignacio: “De las Cortes de Cádiz al Plan de Desarrollo. 1808-1966”. Edit. Ruedo Ibérico, París, 1968..
-Terrón Montero, Javier: “La prensa de España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político”, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981.

NOTA: Esta reseña sobre el libro La prensa en España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político de Javier Terrón Montero, es parte de una actividad extracurricular para la asignatura Historia del Periodismo Español. Espero que como a mí, los ayude a entender parte de ese período gris de la historia de este país. Pueden comprar el libro en la librería del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La prensa de España durante el régimen de Franco (IV)

A la necesaria reestructuración de la ideología franquista después de la Segunda Guerra Mundial, siguió otra en el plano económico que buscaba superar los años de autoabastecimiento y puertas cerradas en España, que llevo a una “escasez tanto en la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población como del mismo mercado de bienes” (Terrón, 1981, p. 85). Fue un “reconocimiento implícito de la virtualidad del sistema capitalista”, afirma Javier Terrón, porque para aumentar la producción nacional el Estado abandonó el sistema autárquico y puso en funcionamiento los mecanismos de mercado libre en el interior con la disminución de los controles administrativos, y aumentó las relaciones internacionales porque necesitaba inversiones y adquirir bienes.
Imagen tomada de todocolección.net

Fue una etapa privilegiada para el régimen pues la Guerra Fría acercaba posturas con Estados Unidos, de quienes obtuvo apoyo económico y diplomático a partir de 1950, que fue ampliado con los acuerdos de cooperación hispano-norteamericano en septiembre de 1953. También en el mismo año, firmó con la Santa Sede un Concordato por el cual reglaban las relaciones entre Iglesia y Estado. Pese a que “la Iglesia coincidía con el Estado en casi todas las ideas de totalitarismo”, el Concilio Vaticano II produce una profunda transformación en la institución, a la cual van a ingresar muchos hombres impulsados por vocación, pero también por la autonomía e independencia del sistema eclesial, que lo convierten en una “plataforma de actuación sindical y política” (Terrón, 1981, p. 91).

Con la llegada de Gabriel Arias-Salgado al recién creado Ministerio de Información y Turismo, comienza aplicarse la llamada “Teología de la Información”.
El pensamiento tradicional católico, el fundamento del derecho natural, la oposición tanto al marxismo como al liberalismo y la indisoluble unidad entre lo cristiano y lo español, que son los componentes más sobresalientes del nacional-catolicismo, enmarcan el desarrollo de esta doctrina de la información (Terrón, 1981, p. 94). 
El Estado seguirá siendo una institución necesaria para equilibrar la libertad y la obediencia, a la vez que nunca estará en contra de la sociedad civil, ni impondrá la autoridad, supuestamente. Para el nuevo ministro la información es ante todo una actividad social de importancia creciente. Las nuevas ideas de libertad en España, no iban a ir en contra del necesario papel del Estado y el hecho de que los deberes son primeros que el derecho. Si bien la prensa pasaría a estar en igualdad de condiciones con el gobierno para transmitir las ideas, eso no significaba que pudieran hablar de cuánto quisieran.
“La libertad de divulgación está condicionada por el servicio y a la verdad. Toda la libertad para la verdad, ninguna para el error” (Arias-Salgado, 12-12-1954, p. 56) diría el nuevo ministro en una ocasión. Con estas ideas, Arias-Salgado impulsó una nueva Ley de Prensa para sustituir la de 1938, no obstante, fueron otros quienes llevaron adelante esa tarea.
Junto a las medidas aperturistas del Estado, sucedieron otras en el plano ideológico que buscaban preservar el poderío ideológico del régimen: “la autorización expresa del Estado para publicar un periódico, el control sobre la tirada de los existentes, la prohibición a los extranjeros de ejercer el periodismo en España, la exclusión del capital extranjero en las empresas periodísticas” (Terrón, 1981, p 100). Pocas fueron las medidas que acabaron en los años cincuenta con los mecanismos de represión de la prensa, de hecho en su mayoría estuvieron enfocadas al incremento de la publicidad en las publicaciones, se agregó el derecho de rectificación y la creación del Tribunal de Honor periodístico, pero poco más.
Para Arias-Salgado, cuyo legado se mantuvo casi hasta los últimos días del régimen, la prensa es una institución nacional y un servicio público cuya finalidad era el bien común. Al respecto diría en una ocasión:
Entre prensa incontrolada y libre teóricamente y prensa estatificada, prefabricada, sujeta a un dirigismo férreo, la fórmula española es de prensa orientada. Prensa no órgano del Estado ni instrumento de grupos, sino prensa órgano de los intereses de la sociedad. Las ideas son precisamente las raíces que generan las acciones delictivas y han de ser reprimidas antes de que se produzcan ya que, una vez ocasionado el daño no es posible repararlo a posteriori (Arias-Salgado, 12-12-1954, p. 131-132). 
El ministro mantenía la censura previa y el sistema de consignas, así como prefiere no hablar de opinión pública, sino de opinión nacional u opinión orgánica, unidas por la idea de servicio, porque “es la resonancia de los hechos reflejados por la parte del pueblo dotado de conciencia, de responsabilidad y de vinculación al bien común” (Arias-Salgado, 12-12-1954, p. 81).
La revista Ecclesia aún se publica en España

Las voces disidentes desde la misma Iglesia, son las que despejarán el camino para la creación de la nueva Ley de Prensa e Imprenta en 1966, si bien los dogmas seguían siendo un tanto arcaicos como considerar que todos los medios eran de Dios, el concepto de veracidad ya no solo se circunscribía a la Verdad, sino que impulsaban el buen hacer del periodismo, el deber de los periodistas con la sociedad y evitar los escándalos o las tentaciones del mal: “el lucro, la imprevisión y el endiosamiento” (Terrón, 1981, p. 121).

La Iglesia consideraba que la nueva Ley debía cumplir los derechos del Estado, pero este solo podía regular las medios, no absorberlos, salvo en situaciones excepcionales. Retomando el artículo 12 del Fuero de los Españoles, “todos los españoles pueden expresar libremente sus ideas siempre que no atenten a los principios fundamentales del Estado”, la censura previa también debería ser utilizada en casos excepcionales. En uno de los números de la revista Ecclessia se dirían ideas como lo siguiente:
Una cosa es la censura y otras las llamadas consignas mediante las que se obligue a los periódicos a presentar como propia la opinión de los gobernantes. Cuanto más fuerte sea un Estado, más obligado estará a que su poder no tapone los órganos legítimos de la opinión. A mayor normalidad de un país, ha de admitirse más diálogo público, so pena de hacer del arbitrio norma permanente de la vida ciudadana (Ecclessia, num. 704, 8-1-1955, p. 3).
La llegada de Manuel Fraga Iribarne como Ministro de Información y Turismo en 1962 no supone una ruptura con las ideas de Arias-Salgado, quien desde 1959 había creado una Comisión especial consultiva, asesora y de estudio para aglutinar todas las opiniones para la nueva Ley de Prensa e Imprenta. La publicación del Concilio Vaticano II de su Decreto sobre los Medios de Comunicación Social en 1965 influyó decisivamente junto a las presiones de la oligarquía financiera, que quería incrementar su poder; y por las manifestaciones del movimiento estudiantil y obrero entre 1956 y 1957 debido a la gran inflación del país. En particular, una organización perteneciente a la Iglesia y con vinculación con los grandes bancos, el Opus-Dei, jugó un papel fundamental en esta época que se ha llamado desarrollismo.
Con esta nueva ley se buscaba regular según refiere Terrón (1981):
El ejercicio del derecho a la expresión de las ideas, las limitaciones a esa libertad y las funciones de la autoridad, las relaciones entre la información y la opinión pública, los deberes de los profesionales y órganos de la información, los delitos, la creación de una Magistratura especial, la competencia para autorizar la edición de publicaciones o constitución de empresas informativas, la competencia en el nombramiento del director, el sistema de recursos, la regulación de los servicios de orientación y consulta, la protección a las empresas informativas y su configuración jurídica y la aplicación de la ley en casos de excepción (p. 146). 
REFERENCIAS: 
-Arias-Salgado, Gabriel, en el III Consejo Nacional de Prensa. Barcelona, 12-12-1954. 
-Terrón Montero, Javier: “La prensa de España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político”, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981. 
NOTA: Esta reseña sobre el libro La prensa en España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político de Javier Terrón Montero, es parte de una actividad extracurricular para la asignatura Historia del Periodismo Español. Espero que como a mí, los ayude a entender parte de ese período gris de la historia de este país. Pueden comprar el libro en la librería del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La prensa de España durante el régimen de Franco (III)

Con la Falange las ideas del nacional-sindicalismo, devenidas en Alemania en fascismo, tuvieron su germen en España. Era tal el nivel de identificación del régimen franquista con esta partido que su “andiamaje administrativo, burocrático y represivo” (Terrón, 1981, p. 40) pasó a formar parte del nuevo Estado. La fuerza de la Falange radicaba en su rígida jerarquía, que dejaba en un segundo plano “su carencia de contenido o de desarrollo ideológico” (Terrón, 1981, p. 44). Al respecto el periodista Herbert R. Southworth, dijo que: 

El Nacional-Sindicalismo postula un periodismo técnico y políticamente al servicio absoluto de la patria. El periodismo no será un negocio económico, ni un arma política contra el Estado. El periódico y el periodista servirán al Estado (García, 1967, p. 174). 

Desde 1938 a 1940 se puede decir que la prensa estuvo en manos de la Falange, pues el gobierno adoptó todas las políticas que sobre libertad de expresión y libertad de prensa dictaban desde el nacional-sindicalismo: 

Autorizar antes de sus publicación todos los artículos que aparecieran en los periódicos”; “proporcionar cotidianamente boletines de información y consignas de todo tipo político a los diarios” e “iniciar el funcionamiento de una agencia informativa que deparase noticias y material gráfico a la misma prensa (Terrón, 1981, p. 47). 

Franco entonando cánticos de La Legión. FOTO: tomada de El Mundo

Fue la agencia EFE quien monopolizó toda la información del extranjero para distribuirla, previa censura, a los periódicos. Con la creación del Ministerio del Interior, “el modelo totalitario de prensa propuesto por la Falange adquiere carta de naturaleza” (Terrón, 1981, p. 50). La Falange tenía en su poder todas las herramientas para garantizar que el mensaje del gobierno llegara alto y claro, y que las voces disidentes no entraran en la opinión pública. 

En 1941 crean la Vicesecretaría de Educación Popular con el objetivo de controlar más allá de la prensa. El Registro Oficial de Periodistas, la Escuela de Periodismo y la Agencia EFE, que comenzó a publicar en exclusiva la revista Mundo sobre los sucesos internacionales, formaron parte de la estructura de control que se amplificó con “el monopolio de los servicios informativos a través de las emisoras de Radio Nacional y de todo un conjunto de emisoras organizadas en la Red Española de Radiodifusión (REDERA)” (Terrón, 1981, p. 53), la creación del Noticiero Español No-Do de inserción obligatoria en todas las salas de proyección del país, e incluso organizaron el Teatro Español y el Teatro Escuela Lope de Rueda. No obstante, tras la estrategia de Franco de desvincularse del fascismo, en 1945 todo este sistema pasará a manos directas del Gobierno “mediante su incorporación al Ministerio de Educación Nacional con el nombre de Subsecretaría de Educación Popular, en espera de la creación, en 1950, de un ministerio específico” (Terrón, 1981, p. 54). 
La Ley de Prensa de 1938 y el sistema de consignas 
La Ley de Prensa de 1938 rigió la actividad en España durante veintiocho años, pese a que constituía una “absoluta supresión de la libertad de expresión del pensamiento” (Terrón, 1981, p. 54). El Estado era quien controlaba el número y la extensión de los periódicos, el personal directivo de cada medio, la reglamentación de la profesión periodística y la vigilancia de toda la actividad de la prensa. La censura previa se utilizó hasta 1966 por el Estado. En una orden del Ministerio del Interior de 19 de agosto de 1938, se reglamenta incluso las remuneraciones que todo periódico debía pagar a su personal y se prohibía y sancionaba la colaboración de aquellos que carecieran carnet de periodistas. 
Al respecto dice Manuel López y Prados (1943): 

El periodista que siempre tuvo una misión difícil que cumplir con el ambiente popular de nuestra patria, desenvolviéndose siempre sin disciplina, sin concepto de responsabilidad, sin apremios jerárquicos. Con tal facilidad no se puede cumplir nunca una misión importante y menos la misión orientadora y educativa del periodista… Hoy el periodista es ya un español de servicio. Y de qué servicio. El periodista español sirve al Estado en una de las más trascendentales tareas patrióticas: la educación popular (p. 19-20). 

Así queda recogido que los periodista tenían una función pública, “funcionarios de la ideología” afirma Javier Terrón, de hecho en 1939 se hizo un registro para depurar a los profesionales de la comunicación y de 4 mil expedientes tramitados, solo 1 800 fueron inscritos. Uno de los instrumentos más eficaces durante esta época para validar al Estado fueron las llamadas consignas que eran unas indicaciones que los periódicos debían seguir para tratar determinada información y su importancia en la publicación. A veces simplemente eran resúmenes de artículos publicados en algún periódico en la línea de la ideología del gobierno, que debían ser seguidos por los demás medios. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, las consignas jugaron un papel clave porque el régimen de Franco no quería ver a España involucrada en la guerra por ser un sistema totalitario. En este sentido se empezaron a mermar las informaciones sobre la identificación y amistad con Alemania e Italia, destacando la actitud neutral del país en el conflicto, y en el plano nacional continuaban con la apología del régimen de Franco, pero como “artífice de la paz y el progreso del país” (Terrón, 1981, p. 70). En este nuevo escenario, la Falange no daba legitimidad a Franco y ocupa un lugar destacado la Iglesia Católica, pasando de Estado fascista español a Estado católico. Como los países aliados eran democráticos, el régimen incluso incorporó la palabra “democracia” con los adjetivos de “orgánica, jerárquica, unitaria y nacional-sindicalista” (Terrón, 1981, p. 74). 
La prensa no podía ocultar los años de apego de España con Alemania, así que su cruzada contra el fascismo se centró en Japón, un país desconocido, al otro lado del mundo y que también venía como anillo al dedo para validar “la cultura occidental, portadora de los valores cristianos, contra la orienta, signo de la barbarie” (Terrón, 1981, p. 76). De 1945 a 1950 toda la simbología de grandilocuencia típica de regímenes totalitarios, “fue revestida de leyes e instituciones para su mejor presentación, sin tocar aquel absoluto reinado” (Ramírez, 1978, p. 44).

REFERENCIAS:
-García Venero, M.: “Antifalange. Estudio crítico de la Falange en la guerra civil”. Edit. Ruedo Ibérico, París, 1967.
-Prados y López. Manuel: “Ética y estética del periodismo español”, Edit. Espasa-Calpe, Madrid, 1943.
-Ramírez Jiménez, Manuel: “España 1939-1975. Régimen político e ideología”, Edit. Labor, Barcelona, 1978.
-Terrón Montero, Javier: “La prensa de España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político”, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981.

NOTA: Esta reseña sobre el libro La prensa en España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político de Javier Terrón Montero, es parte de una actividad extracurricular para la asignatura Historia del Periodismo Español. Espero que como a mí, los ayude a entender parte de ese período gris de la historia de este país. Pueden comprar el libro en la librería del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La prensa de España durante el régimen de Franco (II)

La prensa dejó de ser privada para convertirse en una institución pública al servicio del Estado. Como apunta César Gullino (1942) sobre la prensa italiana, también aplicable a la prensa durante el régimen de Franco:
“el periodismo dejó de ser un hecho privado para constituir un hecho nacional. La gestión de los periódicos era absolutamente secreta y ocultaban las más peligrosas insidias de interés personal y político, muy a menudo antisociales y a veces antinacionales” (p. 315). 
El fascismo ve en el liberalismo y la democracia, lo antisocial y antinacional, por tanto el Estado, ajeno a todo interés particular, es el único capaz de “asumir el papel educador que a la prensa corresponde”, agrega Javier Terrón.

En España, la prensa no se nacionalizó, sino que se impuso “el absoluto control del Estado sobre la producción ideológica que tiene a la prensa como soporte” con el llamado “expediente”, o sea “compaginar la propiedad privada de la empresa con la dirección estatal de su producto”, aclara el autor (Terrón, 1981, p.26). Según Nicos Pulantzas (1973):
Estos aparatos no crean la ideología (sino que) tienen por función principal elaborarla e inculcarla pues la ideología no se genera espontáneamente desde unas instancias más o menos formalizadas, sino que responden objetiva y necesariamente a los intereses de las clases dominantes cumpliendo la función de legitimación de status quo (p. 361). 

Uno de los principales apoyos del franquismo, fue la Iglesia Católica, y no sólo era un mero compañero, sino que entre el Estado y la Iglesia había una “unidad total de pensamiento”. Como única poseedora de la interpretación de la “Verdad”, el catolicismo español veía en la libertad de expresión pregonada por el modelo liberal un peligro para su papel secular en muchas sociedades occidentales.


Para la Iglesia remarca Terrón (1981):
Libertad de imprenta se identifica con la posibilidad de caer en el error y por tanto en la maldad, creando un clima contrario a la verdadera religión y a los principios cristianos que han de regir la sociedad. La libertad de pensamiento y de expresión no es por sí misma un bien, sino que es fuente y origen de muchos males (p. 29).
La Iglesia exige así, mucho antes de la llegada del régimen de Franco, que los gobiernos censuren todos los escritos sectarios, pero va más allá y crea una “prensa verdaderamente católica” en la cual los periodistas se subordinan a la jerarquía eclesiástica, ejecutando y divulgando sus mandatos, apoyando las iniciativas y disposiciones de los obispos, quienes “pudieran ejercer sobre aquéllos una acción de control y censura” (Terrón, 1981, p. 30). Siguiendo el ejemplo francés de los periódicos Croix y Bonnes Presses, crearon una federación de la Buena Prensa Católica que en 1904 celebró en Sevilla su primera Asamblea Nacional, con el apoyo del Cardenal Marcelo Espínola y del Correo de Andalucía.

Los periodistas constituyen una suerte de aristocracia especial, una aristocracia espiritual que tiene que cumplir aquellos deberes que marca la doctrina cristiana, el deber de ilustrar rectamente al que no sabe, ejerciendo una especie de patronato sobre las clases inferiores; una aristocracia que recoge las palpitaciones diarias y es el portavoz de la civilización y del progreso. Una aristocracia, en fin, que comparte con el Gobierno las funciones directivas del Estado (Herrera, 1963, p. 248).

Son palabras de uno de los impulsores de esta llamada Buena Prensa, Ángel Herrera, quien por la década del veinte del siglo pasado impulsara diversas publicaciones como El Debate y posteriormente la Escuela de Periodismo del mismo nombre, donde se enseñaba a los periodistas estas “buenas prácticas”. Prácticas que durante el régimen de Franco fueron tenidas muy en cuenta.

Aunque en un primer momento, no será la Iglesia quien gestione las instituciones como el Ministerio de Comunicación, si no la Falange, las ideas de censura previa, secuestro de publicaciones e incluso la inhabilitación de por vida de los periodistas, se manejaban desde estos sectores.

REFERENCIAS:
-Gullino, César, A.: “Mussolini, modelo de periodistas” en Gaceta de la Prensa Española. Año 1, núm. 5, octubre 1942.
-Herrera, Ángel, “Obras selectas de Ángel Herrera”, BAC, Madrid, 1963.
-Poulantzas, Nicos: “Fascismo y dictadura”, Edit. Siglo XXI, Madrid, 1973.
-Terrón Montero, Javier: “La prensa de España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político”, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981.

NOTA: Esta reseña sobre el libro La prensa en España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político de Javier Terrón Montero, es parte de una actividad extracurricular para la asignatura Historia del Periodismo Español. Espero que como a mí, los ayude a entender parte de ese período gris de la historia de este país. Pueden comprar el libro en la librería del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La prensa de España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político

Con este libro sobre la prensa en la dictadura de Franco, el Doctor en Derecho Javier Terrón Montero, analizó, allá por 1980, unos años después de la muerte de Francisco Franco, cómo la prensa era utilizada y maniatada por los distintos poderes fácticos que tuvo esta dictadura durante sus casi cuarenta años. Más que un análisis periodístico, este texto se centra en los distintos intereses de determinados grupos en España como la Falange, la Iglesia Católica o la poderosa burguesía de los años sesenta. Sin obviar, por supuesto, que este gobernante impuso su sello personal a sus años en el gobierno y a todas sus instituciones, así su ideología anticomunista, recelosa del poder del capital y con gran culto a su ser, están presenten a lo largo de sus páginas. 

El autor divide el libro en tres capítulos que coinciden con los períodos históricos que se estudia esta etapa de la historia española. El primer capítulo abarca desde 1936 hasta 1950, cuando Franco llega al poder y asentaba su mando en la Falange y en los estados totalitarios del resto de Europa. El segundo será de 1951 a 1961 cuando el nacional-catolicismo será la principal baza del régimen, luego de la derrota de los fascistas. Y por último, el llamado desarrollismo y el apoyo de Franco en los poderes económicos, serán recogidos en el tercer capítulo, así como el giro de muchas de sus instituciones a una nueva sociedad, cuando la muerte del dictador es inminente. 


Este análisis comienza en la Segunda República española, cuando los intentos por cambiar España de quienes por entonces gobernaban chocaron con la realidad de un país, que como Terrón (1981, p. 16) refiere tiene “cuatro conflictos básicos (y no solventados)”

El debate entre monarquismo y republicanismo, o más bien el conflicto entre republicanismo y las preferencias políticas no republicanas; el debate entre clericalismo y anticlericalismo; el dilema centralismo-regionalismo; y el existente entre las clases propietarias y el proletariado

La Segunda República intentó reducir todos estos matices a “la tosca fórmula del todo o nada”, señala Javier Terrón, quien cita al profesor Francisco Murillo Ferrol para explicar el “consensus” republicano:

Acuerdo existente sobre los términos del juego político mismo, que no impide la existencia de puntos de vista muy diversos sobre los problemas concretos; antes bien, que es precisamente lo que hace posible que estos puntos de vista puedan coexistir sin destruirse mutuamente (Murillo, 1970, p. 70). 

Pero este intento, tiene su principal problema en las clases propietarias españolas que según Antonio Gramsci provocan una “crisis orgánica”: 

Al llegar a un cierto punto de su vida histórica, los grupos sociales se separan de los partidos tradicionales; es decir, los partidos tradicionales, en su determinada forma organizativa, con los hombres determinados que los constituyen, los representan y los dirigen, dejan de ser reconocidos como expresión propia por su clase o fracción de clase. Cuando se producen estas crisis la situación inmediata se hace delicada y peligrosa, porque queda abierta a soluciones a la fuerza, a la actividad de potencias oscuras, representada por hombres providenciales y carismáticos” (Gramsci, 1971, p. 117). 

Ante la poca cohesión existente en España en 1936, el autor afirma que la única solución de una sociedad divida en dos, fue la guerra. Aunque no estuvieran ni seguros a qué clase pertenecían, los españoles fueron a las armas. Para Terrón (1981) se podían dividir en “clase en sí y clase para sí, esto es el grado de conciencia de clase que los miembros de un grupo que comparten una misma posición económica, poseen” (p. 19). En este sentido Salvador Gines (1968) define ambos bandos: 

El bloque dominante estaría compuesto por los terratenientes del centro y sur del país, la alta burguesía catalana y castellana, la masa campesina católica de algunas provincias del Norte (sobretodo Navarra), así como la vieja clase media –la burocrática y la residual feudal- de la mayoría de las grandes ciudades. Del otro lado, el bloque dominado lo constituirían los trabajadores industriales, sobre todo de Madrid y Barcelona, los campesinos sin tierra del centro y sur de España, así como una sección minoritaria pero importante de la clase media tradicional, la intelligentzia, la pequeña-burguesía catalana y la gran mayoría del País Vasco (p. 18). 

El nuevo gobierno tras la Guerra Civil, tuvo su columna vertebral en el ejército y la Iglesia “como principal instancia de suministro ideológico” (Terrón, 1981, p. 20), así como los falangistas, los tradicionalistas y monárquicos. Tantas ideologías unidas bajo Franco tuvieron una lucha interna constante por hacer prevalecer sus ideas al resto durante la dictadura. No obstante, en un primer momento se centraron en “crear una ideología alternativa a la derrotada, era alternativa no sólo al socialismo y al comunismo, sino también al radicalismo liberal de algunos de los grupos republicanos burgueses” (Ramírez, 1978, p. 82). 

La ideología pequeño-burguesa termina imponiéndose porque está a medio camino entre la burguesía y el proletariado, como el nuevo Estado rechaza a las grandes fortunas, cree en las condiciones igualitarias de competencia, en el esfuerzo y la capacidad personal, y en un “Estado neutro por encima de las clases, capaz de cubrir las necesidades de todos los individuos y de funcionar como árbitro de los posibles conflictos particulares” (Poulantzas, 1973, p. 281 y ss). 

Sin embargo, el naciente Estado más que adoptar una ideología concreta, se convierte en un Estado de excepción o Estado autónomo, como el autor de este libro explica: 

“opera por encima incluso de los intereses de sus fuerzas de apoyo, las cuales han renunciado a los mismos en beneficio de los mediatos, amenazados real o imaginariamente por el poder de la clase obrera. El Estado rompe su aparente neutralidad, renuncia a su papel de árbitro para descender en defensa abierta de los intereses burgueses objetivos: el mantenimiento del modo de producción capitalista. El franquismo surge como instrumento eficaz del bloque agrario tradicional o de su expresión política, el Frente Nacional, para liquidar la lucha de clases” (Terrón, 1981, p. 25). 

Las reglas democráticas por tanto no tienen sentido en este tipo de Estado que precisa intervenir en todo, así una de las primeras acciones del régimen será la privatización de la prensa, siguiendo el ejemplo de la Italia fascista.


REFERENCIAS:

-Gines, Salvador: “Continuity and Change: The Social Stratification of Spain”, University of Reading Occasional Publication. num 1, 1968. 

-Gramsci, Antonio: “La política y el Estado moderno”, Edit. Península. Barcelona, 1971.
-Poulantzas, Nicos: “Fascismo y dictadura”, Edit. Siglo XXI, Madrid, 1973.
-Ramírez Jiménez, Manuel: “España 1939-1975. Régimen político e ideología”, Edit. Labor, Barcelona, 1978.
 -Terrón Montero, Javier: “La prensa de España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político”, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981.

NOTA: Esta reseña sobre el libro La prensa en España durante el régimen de Franco: un intento de análisis político de Javier Terrón Montero, es parte de una actividad extracurricular para la asignatura Historia del Periodismo Español. Espero que como a mí, los ayude a entender parte de ese período gris de la historia de este país. Pueden comprar el libro en la librería del Centro de Investigaciones Sociológicas.